CESIDA DENUNCIA LA DENEGACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS A PERSONAS SEROPOSITIVAS

CESIDA ABOGA POR DENUNCIAR POR LA VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA LA DENEGACIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS AUTONÓMICOS DE SALUD DE LOS TRATAMIENTOS PARA LA LIPODISTROFIA ASOCIADA A LA INFECCIÓN POR VIH/SIDA.

La Coordinadora Estatal de VIH/SIDA ha detectado que uno de los temas que más preocupan a las personas  que viven con VIH/SIDA y que padecen el sindrome de Lipodistrofia es la realización de la cirugía reparadora.

Desde CESIDA entendemos que las intervenciones de la lipoatrofia facial severa y de la lipohipertrofia severa en zona cérvico  dorsal (Giba de búfalo) son las que precisan de una actuación más urgente debido a las consecuencias psicofísicas que suponen.

Santiago Pérez, Presidente de CESIDA declara: “consideramos que el síndrome de lipodistrofia está íntimamente relacionado con el tratamiento de la infección por VIH y que por ello ha de ser considerado como complicaciones derivadas del proceso asistencial y tratados dentro del ámbito de la sanidad pública”. En este sentido, el Profesor titular de derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, Jose Vida Fernández, ha realizado un informe sobre los aspectos jurídicos del acceso a los tratamientos para el síndrome de lipodistrofia asociada al VIH/Sida como prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

De dicho informe se desprende que “no cabe la denegación por parte de los servicios autonómicos de salud de los tratamientos para la lipodistrofia asociada a la infección por VIH/SIDA”. Esto lleva a que una desestimación de este tratamiento puede ser denunciada por la vía contencioso-administrativa. Esperamos que este informe pueda ser utilizado en dos niveles diferentes:

1. Nivel individual, facilitándoles el documento a las personas que puedan verse afectadas por la denegación de este servicio y abogados/as de estas personas que pudieran utilizarlo en caso de necesitarlo.
2. Nivel comunitario, a través de las asociaciones, presentando el documento en los departamentos pertinentes en cada Comunidad Autónoma, explicando que la denegación del tratamiento puede ser denunciada por la vía contencioso-administrativa.